SE APROBÓ LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD
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SE APROBÓ LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD

La iniciativa aprobda, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, establece un nuevo marco para pensiones, prestaciones, cobertura sanitaria, financiamiento y auditorías.

Uno de los principales cambios que la legislación sancionada introduce  es la la eliminación del carácter de emergencia y transitoriedad del esquema para establecer reglas permanentes y de orden público, con el objetivo de que continúen independientemente de los cambios de gobierno.

La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad establece una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y permite compatibilizar su percepción con un empleo formal o la inscripción en el Monotributo.

Para mantener ambos ingresos, la persona no podrá superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El régimen alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También mantiene el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles correspondientes a las prestaciones, vinculada al índice de movilidad jubilatoria y, por esa vía, al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La iniciativa garantiza además la cobertura básica de protección médica mediante Incluir Salud para quienes perciban una pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, establece que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

El proyecto incorpora además un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio de debido proceso inclusivo.

A pedido de bloques aliados se sumó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

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