PROPONEN QUE LOS COLEGIOS PRIVADOS NO PAGUEN ABL

La diputada porteña Manuela Thourte presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que propone la exención del 100% del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para los inmuebles destinados al funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada.

Una iniciativa que llega luego de haberse conocido que las autoridades del tradicional colegio Saint Martin School, ubicado en la calle 3 de Febrero al 1600, en el barrio porteño de Belgrano, anunciaron que cerrarán sus puertas al finalizar el ciclo lectivo 2026 a causa de la crisis económica. Una decisión que ya les fue notificada a las familias por medio de una reunión con las autoridades educativas, quienes explicaron que la discontinuidad de la actividad responde a la disminución sostenida de la matrícula en los últimos seis años, cuestión vital para un colegio que funciona en un espacio alquilado.

El proyecto de la diputada Thourte propone alcanzar a los establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, siempre que estén incorporados a la enseñanza oficial y bajo la supervisión del Ministerio de Educación de la Ciudad. El beneficio está diseñado para abarcar tanto a colegios que cuentan con aporte estatal como a aquellos que no lo reciben, independientemente de la forma jurídica de la entidad titular.

Según el texto de la propuesta, la exención tributaria cubre de manera integral las superficies del inmueble destinadas a la actividad pedagógica e institucional, tales como aulas, dependencias administrativas, bibliotecas, laboratorios, patios, instalaciones deportivas y comedores. Para el caso de los edificios con usos mixtos, el alivio fiscal se aplicará de forma proporcional sobre la superficie efectivamente abocada a la educación, excluyendo de manera explícita a cualquier explotación comercial ajena al servicio educativo.

Un aspecto central del proyecto radica en la inclusión de los establecimientos que no son propietarios del inmueble donde funcionan. En los casos en que la institución sea locataria, comodataria o posea otro título legítimo de uso, la entidad titular podrá acceder a la exención siempre que acredite que la medida genera un ahorro efectivo para el colegio, ya sea porque el impuesto figuraba contractualmente a su cargo o mediante un acuerdo documentado que garantice el traslado íntegro del beneficio económico a la institución escolar.

Los fundamentos del proyecto sustentan la urgencia de la medida en datos oficiales sobre el sistema educativo y la evolución demográfica de la Capital Federal. Conforme al Anuario de Estadísticas Educativas 2025 del Ministerio de Educación porteño, la educación de gestión privada concentra el 50,47% de la matrícula de educación común en los niveles inicial, primario y secundario, albergando a 267.743 estudiantes sobre un total de 530.533. La participación es particularmente elevada en el nivel inicial (53,69%) y en el secundario (51,16%), mientras que en el nivel primario alcanza el 48,86%.

A esta representatividad se le suma un fenómeno estructural: la sostenida caída de la natalidad. Citando el Anuario Estadístico 2024 de la Ciudad, la iniciativa remarca que en 2010 se registraron 44.347 nacimientos, mientras que en 2023 la cifra descendió a 23.760, lo que representa un descenso del 46,4%. La contracción de las cohortes que ingresan al sistema educativo impacta de lleno en la matrícula escolar. No obstante, como se argumenta en el proyecto, cuando una institución pierde alumnos, la mayoría de sus costos fijos —mantenimiento edilicio, servicios, tareas administrativas y estructura pedagógica— permanecen inalterados. Al distribuirse los costos fijos entre un menor número de familias, se genera una presión al alza sobre los aranceles que pone en riesgo la continuidad de las instituciones y la estabilidad de las trayectorias escolares.

Para justificar la viabilidad de la política tributaria como herramienta de acompañamiento, el proyecto evoca antecedentes locales de alivio fiscal en el Inmobiliario y ABL, como la Ley 6.315 del año 2020 y la Ley 6.409 de 2021, que eximieron de estos tributos a sectores como la gastronomía y la hotelería durante la emergencia sanitaria. Asimismo, toma como referencia los anuncios del Poder Ejecutivo porteño en el marco del Presupuestos de eximir del ABL a sectores productivos, culturales y comerciales. El texto aclara que, si bien la pandemia configuró una crisis coyuntural, la transición demográfica actual reviste un carácter estructural que amerita una respuesta sostenida en el tiempo.

En cuanto al procedimiento operativo, se establece que el trámite para acceder al régimen será digital y gratuito, encomendando a la Administración que utilice la información que ya obra en su poder para evitar duplicaciones burocráticas. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actuará como autoridad de aplicación tributaria para el reconocimiento, liquidación y control del beneficio, mientras que el Ministerio de Educación certificará la condición de los colegios. El mantenimiento de la exención estará sujeto a una verificación anual.

El proyecto cuida además la complementariedad normativa al disponer que la nueva ley no restringirá beneficios o exenciones preexistentes, prohibiendo expresamente la acumulación o duplicación de beneficios sobre un mismo tributo y período. Una vez sancionada, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 60 días para su reglamentación, aplicándose la exención a las obligaciones devengadas desde el primer día del mes posterior a la solicitud.

Finalmente, el texto incorpora cláusulas de evaluación y transparencia institucional. El Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura de la Ciudad un informe anual detallado que precise la cantidad de establecimientos e inmuebles alcanzados, el costo fiscal del régimen, el número de estudiantes beneficiados y los resultados de las auditorías de control, garantizando el resguardo del secreto fiscal y la protección de datos personales. Con esta arquitectura normativa, se busca reducir los costos operativos de los colegios, moderar la presión económica sobre las familias porteñas y prevenir el cierre de instituciones de la red educativa de la Ciudad.