ADVIERTEN QUE LOS FILICIDIOS DEBEN TENER UNA RESPUESTA TÉCNICA URGENTE DEL ESTADO
Ante la seguidilla de muertes de menores en distintas provincias, la Asociación Morelli advirtió sobre las fallas en los sistemas de alerta temprana y reclamó la revisión de los impedimentos de contacto que alejan a los progenitores
La Asociación Civil Morelli emitió un pronunciamiento institucional frente a los trágicos hechos de violencia extrema contra menores reportados en distintas provincias durante las últimas semanas. Desde la organización remarcaron la importancia de conceptualizar con precisión estas conductas para abordar la problemática con la gravedad jurídica y social que requiere.
“El filicidio es el delito en el que un progenitor comete el homicidio de su propio hijo. Entender y nombrar este fenómeno desde su definición técnica es indispensable para dimensionar la falla estructural de los mecanismos de prevención y tutela de las infancias”, explicó Gustavo Mira, representante de la entidad.
Desde la Asociación señalaron que el análisis de estas tragedias exige una evaluación rigurosa del funcionamiento de las instituciones encargadas de velar por la integridad de los niños, evitando desviar la atención hacia argumentaciones secundarias.
“Frente a cada uno de estos hechos la pregunta de fondo es qué herramientas tuvo el sistema para evitarlo. En muchos casos observamos cómo el propio esquema judicial y administrativo bloquea la intervención de los padres que buscan proteger a sus hijos, aplicando restricciones o dilaciones burocráticas que los dejan al margen justamente cuando el riesgo es mayor”, enfatizó Mira.
La entidad tomó como referencia el acompañamiento técnico realizado en el caso de Thiago en Salta, señalando que, al igual que ocurrió en el antecedente de Lucio Dupuy, existían alertas que no derivaron en medidas de resguardo efectivas.
A estas situaciones se suma el caso de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sobre el cual la presidenta de la organización, Bárbara Morelli, advirtió que el menor había declarado ante la Justicia dos meses antes de su muerte sin que su testimonio fuera tenido en cuenta. «Se habla mucho del interés superior del niño, pero cuando los niños logran poner en palabras lo que sienten, no se respeta su voz o no se evalúa adecuadamente el contexto», cuestionó Morelli, remarcando que en los juzgados de familia falta perspectiva de infancia y consecuencia real para el accionar judicial.
“No puede apartarse a un padre o madre no conviviente genuinamente preocupado por el bienestar de su hijo o hija y simplemente reemplazarlo con una hoja de papel que contiene una perimetral. Claramente no es suficiente a los fines de proteger a las infancias. Nunca lo fue, pero ahora los hechos lo están demostrando de la peor manera. Cuestionamos la falta de medidas efectivas de reemplazo del sano interés parental”, aseguró Gustavo Mira.
Asimismo, la entidad recordó la condena a prisión perpetua dictada en La Rioja para los responsables del crimen de Zoé Rodríguez, un hecho ocurrido días antes que el de Lucio Dupuy y que volvió a exponer las fallas y dilaciones del sistema de protección antes de llegar a sentencias definitivas.
“Herramientas como la Ley Lucio se diseñaron para capacitar a los agentes del Estado en la detección temprana del maltrato infantil. Sin embargo, en la práctica vemos que los organismos se quedan en la administración formal de expedientes mientras la vida de niños indefensos sigue en peligro”, concluyó el especialista.
La Asociación Civil Morelli instó a los juzgados de familia, fiscalías y secretarías de niñez a revisar los criterios de exclusión de los progenitores y a garantizar el debido proceso para asegurar la protección efectiva de la infancia.
