PROPUESTA PARA QUE LA CIUDAD ADHIERA AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El diputado Juan Pablo Modarelli presentó un proyecto para que la Ciudad conmemore todos los 30 de julio como el Día Internacional contra la Trata de Personas y reafirme su compromiso con la prevención
de este delito, la protección de las víctimas y la promoción de políticas públicas orientadas a su
erradicación, desde una perspectiva integral de Derechos Humanos.
El legislador destaca que el 30 de julio fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la Resolución A/RES/68/192 como el Día Internacional contra la Trata de Personas, con
el objetivo de concientizar a la sociedad sobre esta grave violación a los derechos humanos y
promover una acción coordinada a nivel global para prevenir el delito, proteger a las víctimas y
sancionar a los responsables.
La trata de personas constituye una de las formas más extremas de violencia y
explotación, que afecta particularmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en
situación de vulnerabilidad social y económica. Las víctimas son captadas mediante engaños,
coerción o violencia, y sometidas a redes que lucran con sus cuerpos, su trabajo o incluso sus
órganos, atentando contra su libertad, su dignidad y su integridad física y psíquica.
En Argentina, la Ley N.° 26.364, modificada por la Ley N.° 26.842, establece un
marco legal para la prevención y sanción de este delito, así como para la asistencia integral a las
personas afectadas, evitando su revictimización. Esta legislación reconoce expresamente que las
víctimas no son punibles por los delitos que hayan cometido como consecuencia directa de su
situación de trata, y obliga al Estado a garantizar su restitución de derechos.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con herramientas institucionales
para abordar esta problemática. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal
Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas (PROTEX), tienen un rol fundamental en la persecución penal y la protección de
derechos.
En el actual contexto nacional, signado por políticas de ajuste económico,
reducción del gasto público y desmantelamiento de programas sociales, asistimos a un crecimiento
de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, que expanden y profundizan las brechas de
desigualdad. Estas condiciones estructurales son el caldo de cultivo para que las redes delictivas
crezcan y capten con mayor facilidad a personas sin acceso a derechos básicos como la educación,
el trabajo digno, la salud o la vivienda.
Frente a este escenario, la Ciudad de Buenos Aires puede y debe asumir un rol
de contrapeso institucional, fortaleciendo políticas públicas locales orientadas a la prevención de la
trata, la asistencia integral a las víctimas, la capacitación de agentes estatales, la coordinación
interjurisdiccional y el trabajo en red con organizaciones sociales y organismos internacionales.
Contar con dispositivos eficaces de detección temprana, campañas de sensibilización permanentes y
recursos presupuestarios adecuados resulta urgente para garantizar una respuesta real y sostenida
frente a esta problemática.
Adherir a la conmemoración del 30 de julio no es simplemente un gesto
simbólico, sino una oportunidad para renovar el compromiso del Estado local con una agenda
basada en los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. Esta Legislatura tiene la obligación
política de promover acciones concretas que contribuyan a erradicar todas las formas de explotación
y esclavitud moderna que aún persisten en nuestra ciudad y en todo el país.
Por estos motivos, solicito a mis pares acompañar con su voto.