SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL BOLETO ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD ENTRE OTROS TEMAS DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA LEGISLATURA
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SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL BOLETO ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD ENTRE OTROS TEMAS DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA LEGISLATURA

Durante la última sesión Ordinaria del año, la legislatura porteña aprobó la ley que da carácter vitalicio al subsidio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón. El proyecto fue  aprobado por 57 votos positivos y solo uno negativo de Yamil Santoro, de Republicanos Unidos.
Además reconoció que los sucesos del 30 de diciembre de 2004 en el local de la calle Bartolomé Mitre 3060, hasta ahora conocidos como “tragedia” sean considerados “La Masacre de República de Cromañón”. Asimismo se fijó que la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica.
La ley establece la asistencia económica mensual vitalicia y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, e indica que “la asistencia económica se actualizará conforme al incremento salarial acordado mediante Acta de Negociación Colectiva del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para el personal de Planta Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Posteriormente el cuerpo parlamentario aprobó la extensión del Boleto Educativo a los alumnos universitarios, terciarios y de educación especial ya sea de gestión pública o subvencionada al 100%.
Los legisladores acordaron ampliar dicho boleto a la educación superior en todas sus modalidades: Institutos de Educación Superior; Universidades o instituciones universitarias; Centros de Formación Profesional; Instituciones de Educación Especial. De esta forma, se busca abarcar el abanico de instituciones educativas que estén orientadas a formar profesionales, docentes y técnicos dentro de la Ciudad.
Además, se aumentó la cantidad de viajes mensuales a 96, manteniendo el tope de cuatro viajes diarios, a utilizarse en los días en que se cuente con actividades educativas (de lunes a sábado).
La medida incluye la incorporación de los acompañantes para todos los menores de 12 años, y de esta forma se busca prevenir que sean removidos de la escuela por dificultades de pagar los costos del pasaje de sus padres o tutores legales. De esta manera, accederán a la Tarifa Social SUBE (boleto subvencionado al 55%).
La votación tuvo una amplia aceptación. Solo votó en contra Ramiro Marra y el resto de los legisladores libertarios –Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez y Leonardo Saifert– se abstuvieron.
Entre las principales modificaciones se destaca el alcance, ya que extiende el beneficio a estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo a los de formación profesional, educación superior y educación especial, en instituciones públicas o privadas con subsidio estatal del 100% siempre que sean de hogares considerados pobres, de clase media vulnerable, o clase media frágil. También incluye a acompañantes, padres, madres o tutores de menores de 12 años que podrán acceder a la Tarifa Social SUBE (boleto subsidiado al 55%). El boleto podrá usarse durante los días hábiles del calendario académico, con un máximo de 96 viajes mensuales y hasta 4 viajes diarios. Las empresas de transporte deberán garantizar el seguro de los usuarios del boleto educativo.
Por otra parte, los diputados porteños aprobaron con 48 votos afirmativos y 7 negativos la modificación a la Ley N° 269 de Deudores Alimentarios.
Las modificaciones amplían las herramientas legales para facilitar el cobro de deudas alimentarias, promoviendo un sistema más eficiente y justo.
El Registro Público de Alimentantes Morosos cumplió 25 años y era necesario actualizarlo. Este registro llevará un listado de las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario, sean estas alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme.
Las modificaciones tuvieron el voto negativo de los legisladores libertarios Marina Kienast, Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert y de los integrantes de Vamos por Más Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas.
De esta manera, con los nuevos cambios en la Ley N° 269 ahora la inscripción o baja en el Registro se seguirá realizando por orden judicial, de oficio o a petición de parte; será gratuita y se comenzará a registrar a todas las personas que deban más de dos cuotas. Además, las personas registradas tendrán restricciones específicas, como la imposibilidad de obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte del Gobierno de la Ciudad. También se restringirá su acceso a ciertos beneficios como planes de pago, quitas o financiaciones.
En el ámbito laboral y electoral, se requerirá la presentación de un certificado de no inclusión en el Registro. Esto aplicará a proveedores estatales, postulantes a cargos electivos o judiciales, y nuevos empleados del Gobierno de la Ciudad.
En casos de operaciones notariales que involucren a deudores alimentarios, los escribanos deberán comunicarlo al Registro y al juzgado interviniente. La transacción no se completará hasta que se regularice la situación.
También se establece que los alimentantes morosos no podrán ingresar a espectáculos deportivos ni eventos culturales masivos que requieran controles estatales; que el registro tendrá funciones de difusión y concientización sobre los derechos alimentarios; que se reducirá el plazo para registrar deudas: ahora será suficiente adeudar dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario; y que las instituciones deben informar al Registro sobre cambios laborales o contractuales de los alimentantes morosos, garantizando un seguimiento efectivo. Esta reforma no solo actualiza un sistema, sino que también refuerza el compromiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, promoviendo un mensaje claro: los derechos de los hijos e hijas están por encima de cualquier otro interés personal o económico.
 

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