DEFENSA AL CONSUMIDOR: LA NORMATIVA QUE PROTEGE A LOS CIUDADANOS AL ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
Defensa al Consumidor de la Ciudad informa aspectos básicos a tener en cuenta en relación a la normativa que protege a los ciudadanos a la hora de adquirir bienes y servicios; los derechos a la protección de la salud, el acceso a la información, a recibir un trato digno o a la protección de sus intereses económicos son claves. Al adquirir un producto o servicio, se produce una relación de consumo entre el comprador o cliente y la empresa que provee el bien o prestación. Estas operaciones están regidas por una serie de normas y derechos que protegen al consumidor, ya sea a la hora de adquirir alimentos en el supermercado, contratar un servicio de telefonía celular, acudir a un restaurante, dejar el auto en un estacionamiento, hacer la cola en un local o cargar la tarjeta SUBE en un kiosco.
“Las Leyes que protegen a los consumidores reconocen los derechos de las personas frente a múltiples situaciones de consumo, tanto cuando se adquiere un bien o servicio como cuando estamos frente a una publicidad o solicitamos información para realizar una compra cuidada y segura”, destaca Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad. Estar mejor informados ayuda a los ciudadanos a ejercer sus derechos como consumidores frente a las empresas y establecimientos proveedores de bienes y servicios, optimizar los gastos en las compras de rutina y disponer de herramientas para defenderse en caso de resultar expuestos a situaciones de incumplimientos o vulnerabilidad.
La Dirección General de Defensa al Consumidor de la Ciudad difunde aspectos básicos de la normativa que regula la actividad comercial. Desde el área se destacan siete derechos fundamentales de los consumidores a la hora de realizar las compras de forma presencial, en pequeños y grandes establecimientos, así como virtual.
- Derecho a la información
Entre los aspectos regulados por las leyes que protegen a los consumidores uno de los centrales es el derecho a la información, ya que es prioritario conocer la calidad, características, precio y condiciones de comercialización, entre otros datos, de lo que se está adquiriendo. Por ello, los proveedores de bienes y servicios tienen el deber de informar a los potenciales consumidores las características esenciales de los productos que comercializan desde el momento en que se ofrecen al público hasta que finaliza la relación de consumo.
En síntesis, el proveedor debe suministrar en forma clara y detallada información de lo ofrecido.
