AVANZA EL DEBATE POR LOS NUEVOS CÓDIGOS EN LA CIUDAD
El 2018 es un año signado por los cambios en las distintas normativas de la Ciudad, es por ello que los diputados porteños comenzaron a trabajar en las reformas del Código Urbanístico, Edificación, Contravencional y Electoral. Las medidas fueron impulsadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Es preciso mencionar que todas las iniciativas que se están debatiendo en la Legislatura porteña fueron anunciadas durante el 2017 por Rodríguez Larreta y cuentan con un amplio debate, en el que participan funcionarios, diputados y los vecinos de la Ciudad.
Una Ciudad más moderna
A lo largo del 2017 el oficialismo porteño insistió en reiteradas oportunidades con la creación de un nuevo Código Urbanístico -dado que el actual data de 1977, pese a que se le realizaron diversas modificaciones-, sin embargo el debate se postergó para este año y se convirtió uno de los temas más fuertes de la agenda parlamentaria.
Al respecto el Gobierno porteño explicó que “estamos impulsando la reforma del actual Código de Planeamiento Urbano, con el objetivo de brindar un nuevo marco normativo a la gestión urbanística que responda a las necesidades actuales de la Ciudad” y remarcaron que con esta iniciativa prevén “devolver la homogeneidad al tejido urbano de la Ciudad, generar las condiciones para una mejor convivencia entre las distintas actividades y proponer una densidad poblacional adecuada”.
Entre los puntos más destacados del proyecto del Ejecutivo se encuentran: la eliminación del uso del Factor De Ocupación Total (FOT) -es la superficie cubierta total edificable- y las tangentes como parámetros de qué se puede y qué no se puede construir, reemplazándolo por tipos de construcción según su volumen. Además, plantea la graduación de mixtura de usos en toda la Ciudad en contraposición a las antiguas zonificaciones.
En este sentido, el nuevo Código permitirá diseñar una ciudad cuyo principal beneficiario será el vecino, ya que se conservará la identidad de los barrios y se impulsará el desarrollo áreas relegadas.
La propuesta del oficialismo cuenta con cinco pilares fundamentales a la hora de crear dicho Código: alturas máximas de construcción, estética de las cuadras, estructura de ciudad policéntrica, impulsó de unidades sustentables y revalorización de zonas subdesarrolladas.
Al respecto de estos cambios, el Ejecutivo señaló que se establecerán “alturas máximas de construcción, para respetar la identidad de cada barrio” dado que “esto dará mayor previsibilidad, y el vecino podrá conocer cuáles son las alturas permitidas para la construcción en su manzana”. También remarcó que se prevé “ordenar la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más amigable; por ejemplo, ya no se permitirán construcciones retiradas de la línea municipal, que generan distancia entre el peatón y las edificaciones”.
“Vamos a promover una ciudad policéntrica, lo que atraerá comercios y servicios a los barrios” ya que “de esta manera se evitará que determinadas áreas concentren únicamente actividades específicas, permitiendo que el vecino pueda satisfacer sus necesidades o intereses sin salir de su barrio”, sostuvieron desde el Gobierno y plantearon “un desarrollo urbano consciente a partir de la identificación y creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles transitadas; en el que se redirigirá la circulación vehicular hacia las avenidas, se priorizará la movilidad peatonal y la creación de nuevos espacios verdes”.
Además, se revalorizarán las zonas subdesarrolladas dado que “esto creará una mayor integración social dentro de determinadas zonas de la Ciudad, por ejemplo las áreas linderas al Riachuelo y a la Autopista General Paz”.
Cabe destacar que el presidente del Observatorio de Derecho de la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, junto a 200 organizaciones y colectivos porteños impulsaron en la Legislatura un rechazó al tratamiento legislativo de ambos proyectos.
En los fundamentos de la medida, Baldiviezo explicó que “estos proyectos de ley no surgieron de un participación ciudadana real, adecuada y eficaz tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental” y consideró que “son una clara muestra de la falta de reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad”.
Además, aseguró que “no están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad” ya que “no existen estudios de ningún tipo sobre las problemáticas actuales de la ciudad ni del estado de situación de cada uno de los servicios públicos y la calidad de vida de sus habitantes”.
